Se hizo eco de una nota periodística de Página 12, en la que el instructor de la Causa Obra Pública y un camarista integran un equipo de fútbol en la quinta de Macri.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se hizo eco de una nota periodística para volver a cargar este domingo contra el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, que llevan adelante la causa de la Obra Pública en la que se encuentra imputada, al relacionarlos con el expresidente Mauricio Macri, y anunció que este lunes los recusará.
La expresidenta replicó en su cuenta de la red social Twitter una nota del periódico Página 12, en el que se muestra una foto de un equipo de fútbol en el que podía verse a Luciani junto a Giménez Uriburu, supuestamente en la Quinta de los Abrojos, perteneciente al ex presidente Macri.
Aseguró que el mismo equipo lo integraba otro de los camaristas que entienden en el caso, Mariano Llorens, pero que en esa foto «se encontraba ausente», escribió.
«Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa ´Obra Pública´ jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el ´mismo equipo´ pero ese día faltó al partido», expresó la ex presidenta en la red social.
Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el “mismo equipo” pero ese día faltó al partido. pic.twitter.com/Bl1mLMKXUy
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2022
En la foto también marcó a Jaime Méndez, intendente de San Miguel por Juntos por el Cambio, y Roby Martínez, cuñado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
«He instruido a mi abogado para que mañana a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta», expresó en otro de sus tuits.
El lunes pasado, el fiscal Luciani comenzó a demostrar, en su alegato, la existencia de una «asociación ilícita institucional» encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
