El jefe de Estado expresó su descontento luego de la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, detenidos por incitación a la violencia colectiva e instigación en el ataque contra Cristina Kirchner.
El presidente Alberto Fernández apuntó duro a la Justicia por la liberación de los líderes de Revolución Federal, tras una resolución dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py.
Se encontraban detenidos por incitación a la violencia colectiva e instigación en el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
«Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional», inició el mandatario nacional.
A través de un hilo de tuits, el jefe de Estado sostuvo: «Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio, que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación».
Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional.
— Alberto Fernández (@alferdez) November 2, 2022
«Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron», subrayó Fernández.
Y consideró que «solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad».
«La Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura», recalcó el Presidente.
La crítica del jefe de Estado se produjo tras la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, integrantes del grupo ultraderechista, en medio de sospechas de financiamiento de más de 13 millones de pesos por parte de un fideicomiso de la firma «Caputo Hermanos SA», propiedad del ex ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, Luis Caputo.
