«Hubo hechos violentos llevados a cabo por ellos para impedir el quórum y obstaculizar el normal funcionamiento del cuerpo» advirtieron.
Diputados nacionales de Cambiemos presentaron hoy una denuncia judicial para que se investigue la posible comisión de delitos que pudieran haber cometido sus pares opositores durante la fallida sesión de este jueves en la Cámara baja. La presentación fue hecha por Elisa Carrió, Nicolás Massot, Miguel Bazze, Silvia Lospennato, Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López.
En la denuncia, los legisladores oficialistas pidieron que la Justicia determine «posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos ocurridos durante la sesión» del pasado jueves y que «podrían implicar la comisión de los delitos tipificados en los artículos 211 y 241 del Código Penal». A la vez, consideraron que las situaciones vividas en ese marco «revisten extrema gravedad institucional y, además, podrían eventualmente derivar en responsabilidades penales por parte de quienes los han llevado a cabo».
«En el recinto de la Cámara de Diputados se vivieron hechos violentos llevados a cabo por diputados nacionales con el sólo fin de impedir que se llegue a alcanzar el quórum para dar inicio a la sesión y así obstaculizar el normal funcionamiento del Cuerpo», denunciaron. Los dirigentes oficialistas también incluyeron en la presentación las «agresiones verbales» que «casi llegan a la violencia física» contra el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó.
«Muchos diputados se acercaron a su banca con el fin de increparlo, en un marco de violencia y agresiones nunca antes visto en nuestro Parlamento. Un ejemplo de ello fue la agresión perpetrada por el diputado Leopoldo Moreau. Insistimos: el objetivo principal de dichos hechos era el de impedir que la sesión transcurra en un marco de normalidad, y puedan debatirse los proyectos de ley que figuraban en la citación», remarcaron.
En ese sentido, los diputados de Cambiemos hicieron referencia al «clima de violencia y a la presencia de personas no acreditadas en las reuniones de las Comisión de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social, cuya presencia habría sido permitida por parte de algunos de los legisladores de la oposición, con el fin de impedir el normal funcionamiento de la reunión».
Consideraron que se trató de un «plan organizado para atentar contra las instituciones públicas y el normal funcionamiento del Congreso y, por ende, de las instituciones democráticas y el orden constitucional». Y agregaron: «Hemos asistido a un espectáculo tan triste como autoritario de con el solo fin de evitar el normal funcionamiento del Parlamento».
«Los hechos violentos en el recinto comenzaron aún antes de que se logre alcanzar el quórum. Todo lo que podrá probarse con los videos y demás constancias de la sesión de la Cámara de Diputados. En consecuencia, es a todas luces evidente que el objetivo de las agresiones era impedir que el Congreso funcione y debata. En efecto, una vez alcanzado el quórum —a pesar de la violencia—, las agresiones continuaron para evitar que el quórum se mantenga y, de esta forma, se debiera levantar la sesión», concluyeron.
La presentación judicial fue acompañada por el listado de los legisladores que ocuparon sus bancas para alcanzar el quórum con el que se debió dar inicio a la reunión, informó un comunicado del espacio oficialista. Los delitos apuntados por los legisladores conllevan una pena de prisión que va de los quince días a seis años.
