El Gobierno evalúa extender el programa «Precios Justos» que finaliza en febrero y desde el sector privado creen que hay que hacerle unas «correcciones».
El sector privado se proclamó ante una posibilidad de extensión de los «Precios Justos», y es que creen que no sería beneficioso sostenerlo debido a que podría generar una «distorsión de precios».
El acuerdo que firmó el Gobierno con más de 100 empresas finaliza el 28 de febrero y la intención sería extenderlo debido al efecto que causó la desaceleración de precios.
En este contexto, Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), señaló que creen «en la libertad de precios y en un mercado transparente y sin distorsiones».
Funes de Rioja, quien también es titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) reconoció que el acuerdo tiene «una condición clarísima que es la estabilidad económica para dar previsibilidad desde el punto de vista macroeconómico».
«El Gobierno está proponiendo un proceso de diálogo», comentó pero insistió en que «el acuerdo existente es hasta febrero y que en marzo se volverá a hablar».
Por parte del Gobierno confían en el programa como mecanismo para frenar la inflación sosteniéndose en los datos del INDEC que indicaron en noviembre de 2022 la cifra más baja del año con un aumento del 3,5% en el precio de los alimentos.
