Así lo estableció el ministerio de Seguridad en una resolución; la misma obliga a los jueces incluir en los fallos la inhibición de bienes y el pago de las pericias y otros trámites. Es para los casos de delitos federales.
El Ministerio de Seguridad resolvió que los costos de las investigaciones de casos narcos sean pagados por los mismos delincuentes, involucrados en delitos federales. Esto abarca a narcotraficantes, falsificados, tratantes de personas o contrabandistas.
«El que las hace las pagará», suele repetir la ministra de la cartera, Patricia Bullrich.
Mediante la resolución 2018-49 APN, se instruyó a la Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura a informar a los jueces competentes de cada investigación sobre todos los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas para resolver un caso.
Así, los magistrados deberán cargar a la cuenta de los implicados los costos de pericias, traslados, narcotest, tareas de intervención telefónica o pericias contables, entre otras medidas.
«Es el momento para que el Estado destine los fondos en seguridad para prevención y no para sustentar los costos de una investigación», dijo la funcionaria.
Un último ejemplo se puede observar en el reciente operativo de incautación de 4.200 kilos de marihuana en Misiones, que al Gobierno le demandó 1,2 millones de pesos en traslados de los acusados y pericias. Vale destacar, que el costo promedio de una investigación le insume al Estado unos 3 millones de pesos.
Entre los trámites que el Estado se hace cargo están: el narcotest orientativo, pericia definitiva de sustancias prohibidas, custodia de vehículos, personas y domicilios; traslado de personas, pericias balísticas, pericias dactiloscópicas, escenas del crimen, pericias sobre sustancias explosivas y los rastreos de personas.
