El juez Casanello enviará exhortos a esos países. Busca acreditar un informe de la UIF que reveló movimientos de fondos entre López y Lázaro.
Cuando el juez federal Sebastián Casanello regrese de sus vacaciones a principios de febrero pedirá, vía exhorto, a las justicias de EE.UU., Suiza y Alemania, entre otras, que confirmen oficialmente los datos contenidos en el explosivo informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el giro al exterior de 70 millones de dólares y los movimientos financieros sospechosos entre socios de Cristóbal López y Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales.
Casanello y su equipo, el mismo que procesó dos veces y dispuso la prisión preventiva de Báez en la causa de la ruta del dinero K, estudiarán primero el nuevo informe que la UIF presentó en la causa 3873/2016 abierta por una denuncia de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, por encubrimiento de lavado de dinero contra López, el presidente de Hipódromos Argentinos S.A. (HAPSA), Federico De Achaval, y la empresa offshore Val de Loire, constituída en Las Vegas, Estados Unidos.
Ese informe, que Clarín reveló ayer en exclusiva, afirma que el presidente de HAPSA “es el beneficiario final” (el dueño) de la offshore Val de Loire y no un inversor extranjero que llamaron Edmund Ward. Sin embargo, voceros de De Achával insistieron en negar cualquier vinculación con esa empresa off shore.
Según el informe, el otro “beneficiario final es el presidente del Banco de Columbia Santiago Ardissone”. Este es hermano del vicepresidente de HAPSA, Guillermo Ardissone y tiene vínculos con el dueño del Grupo Indalo.
