El titular de la Cámara baja presentó una iniciativa que contiene duras penas para delitos contra la propiedad privada en el campo.
En tiempos de pandemia de coronavirus, se presentaron viejos problemas en tierras de productores agrícolas, ya hubo varias denuncias por delitos contras establecimientos del campo. Por tal motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para combatir el “vandalismo rural”.
En las últimas semanas se incrementaron los ataques a establecimientos agropecuarios en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, entre otras zonas.
“Destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley para castigar el vandalismo rural”, explicó el funcionario y detalló: “Es un delito ‘nuevo’ contra la propiedad. Opera como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural”.
Entre los argumentos de la medida, explica que el actual Código Penal “presenta una doble falencia” en esta temática que “es necesario salvar”. “Por un lado, existe una laguna regulatoria sobre estas prácticas vandálicas como delito contra la propiedad y por otro lado, algunas protecciones estaban incorporadas como modalidades de estrago con el yerro, a nuestro juicio, de preverlas como delitos contra la seguridad pública”, señala el texto.
El proyecto de Massa y Gutiérrez también mejora la redacción penal de las figuras del estrago, ya “anacrónicas”. En este sentido, contempla penas de “entre 2 a 10 años a quienes causaren incendios, explosión., inundación, derrumbe, liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago”. En tanto, “si hubiere peligro para la vida, el máximo de la pena será de 12 años”.
También esta semana Diputados de Juntos para el Cambio se sumaron al rechazo a los actos vándalicos y presentaron un proyecto de declaración para repudiar los destrozos contra la producción agropecuaria.
Los actos de sabotaje fueron rechazados, asimismo, por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.
Según establece el proyecto, la “pena será de dos a cinco años de prisión cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño respecto de:
a) Granos, semillas y cereales en parva, gavillas, bolsas, silos, tolvas, tanques o unidades de almacenamiento, o de los mismos todavía no cosechados;
b) Bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados;
c) Ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados;
d) Leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio;
e) Alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados;
f) Los mismos productos mencionados en los párrafos anteriores, cargados, parados o en movimiento.
