El juez federal Sebastián Casanello dio por clausurada la instrucción sobre el caso de coimas en la constructora brasileña y sus socios locales para hacer dos plantas para AySA.
El juez federal Sebastián Casanello cerró la instrucción y elevó a juicio oral la causa que investiga el supuesto pago de coimas por parte de la firma brasileña Odebrecht y sus socios argentinos a ex funcionarios kirchneristas, para obtener los contratos de construcción de dos obras para la empresa estatal AySA.
Entre los procesados se encuentran Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Jorge “corcho” Rodríguez, los ex directivos de AySA Raúl Biancuzzo y Carlos Ben, los empresarios Carlos Wagner y Aldo Roggio, entre otros. Varios de ellos irán al banquillo por sobornos y otros por administración fraudulenta.
La empresa brasileña admitió pagar coimas a la Argentina por un monto de 35 millones de dólares para btener contratos de obras públicas durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Esta megacausa de corrupción internacional se la conoce como Lava Jato.
El contrató que arrancó las sospechas fue el proyecto de la planta potabilizadora “Paraná de las Palmas”. Fue adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht -50%-, “Supercemento” -16,66%-, “Benito Roggio e Hijos” -16,67%- y “José Cartellone Construcciones Civiles”, con una participación de 16,66%.
El segundo entramado fue la construcción de la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en la que resultó ganadora la unión conformada por las empresas “Camargo Correa -60%- y “Esuco” -40%-. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa.
“Celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos”, explicó Casanello en su dictamen.
En la resolución de 70 páginas, el magistrado precisó que se tuvo por “acreditado que las UTE conformadas por Odebrecht, Supercemento, Roggio y Cartellone -en el caso de Paraná de las Palmas-; y Camargo Correa y Esuco -en Berazategui- resultaran adjudicadas” para luego “otorgarles, además -en ambos casos-, beneficios tales como obras adicionales, redeterminaciones de precios, adelantos financieros y extensiones en los plazos de ejecución, causándose un perjuicio en el Estado Nacional”.
Para el magistrado, por estas maniobras el Estado “se vio privado de obtener mejores ofertas por la ausencia de competencia, debió afrontar mayores costos finales y soportar graves dilaciones en la entrega de las obras”.
Por ello, remarcó que esta operación “fue desplegada por los funcionarios apartándose de los principios elementales que rigen las contrataciones públicas, tales como la igualdad, la competencia y la transparencia”, asimismo, “los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones en cuestión, en clara violación a los deberes impuestos por las normas que rigen su actuación”.
Todo ocurrió entre 2007 y 2014, desde la firma de los contratos de obra hasta la suscripción de las últimas adendas de éstos. Para la fiscalía, el terreno en que se desarrollaron los sucesos también tiene dos planos.
También se determinó que existió un circuito de coimas. Casanello refirió que las irregularidades detectadas en ambas licitaciones «desnudaron el actuar interesado de los funcionarios en favor de las empresas adjudicatarias de las obras, todo ello en perjuicio del Estado quien debió afrontar mayores costos e injustificados retrasos en la entrega de las obras».
Odebrecht confesó que utilizaba un mecanismo sofisticado para efectuar los pagos ilegales, es decir, coimas. “Dicho mecanismo estaba conformado por una contabilidad paralela y un sector de la empresa dedicado sólo a la gestión de los pagos ilegales que eran mayormente canalizados a través de cuentas y sociedades offshore, ello con el fin de dificultar la trazabilidad del dinero”, resaltó el juez.
