Su patrimonio creció 2300% en los últimos dos años según los informes presentados ante la Oficina Anticorrupción. La denuncia, formulada por la abogada experta en temas de corrupción Silvina Martínez, recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, fue denunciado este jueves por la abogada experta en temas de corrupción Silvina Martínez, quien lo acusa de un supuesto enriquecimiento ilícito luego de que trascendiera que su patrimonio creció un 2300% en los últimos dos años.
“Registró un crecimiento patrimonial superior al 2300% entre 2018 y 2019, según se desprende de las declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) en dichos períodos. Tres operaciones inmobiliarias, un préstamo en dólares y una deuda millonaria fueron parte de los movimientos del dirigente en los últimos dos años», se asegura en el texto de la denuncia que recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
La acusación sobre el aumento partrimonial se sustenta en la información presentada ante la Oficina Anticorrupción por el propio Pietragalla, quien a principios de 2018, cuando se desempeñaba como diputado Nacional, declaró un patrimonio de $425 mil, mientras que a finales de 2019 sus bienes habían crecido hasta tomar el valor de $10,5 millones.
En 2018, trascendió, su patrimonio estaba compuesto por una casa de 50 m2 en ciudad de Buenos Aires y una camioneta Chevrolet Captiva, mientras que en el transcurso de ese año entraron 84.000 dólares a una caja de ahorro a nombre del funcionario.
Sobre este último, aclararon desde el entorno del funcionario, se corresponde a la seña correspondiente a la venta de su casa en el barrio de Liniers que la compradora le entregó en diciembre de 2018.
Cabe destacar que Pietragalla cumplió funciones públicas durante los últimos 10 años, y además de sus sueldos percibe una indemnización desde 2012 por ser hijo de desaparecidos durante la última dictadura.
Hace unos meses, en plena pandemia, quedó envuelto en un escándalo al impulsar desde la secretaría de Derechos Humanos la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte preso por corrupción, mientras que la semana pasada impulsó junto a la ministra de Justicia Marcela Losardo una carta en la que se negaron a asistir a un encuentro con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, para debatir sobre el avance de las causas de delitos de lesa humanidad.
