La iniciativa que presentó el senador Alberto Weretilneck, establece un mandato de cinco años, renovable por cinco más, para quien acceda al cargo.
Mientras el presidente Alberto Fernández mantiene su decisión de postular a Daniel Rafecas como jefe máximo de los fiscales, el kirchnerismo y sus aliados dieron un nuevo paso en otra dirección: el debilitamiento y politización del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de investigar los delitos federales y los casos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales.
El senador rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del kirchnerismo duro, presentó un nuevo proyecto de ley con una vuelta rosca. Además de bajar de dos tercios a la mitad la cantidad de votos necesarios en el Senado para elegir o destituir al Procurador, le fija un mandato de cinco años, renovable por otros cinco, dispone nuevas pautas para trasladar a los fiscales y propone modificar el sistema para removerlos, sumando al menos dos nuevas sillas para la política.
A lo largo de 23 carillas el proyecto va más lejos. Ante el avance hacia el llamado «sistema acusatorio» -que deja en manos de los fiscales la instrucción de las investigaciones-, el texto de la reforma propuesta alienta el debilitamiento del MPF. Entre otras variantes, al reducir la cantidad de votos necesarios para designar y remover al Procurador a la «mayoría absoluta» del Senado, una opción que rechazan las organizaciones civiles especializadas, como así también los expertos que convocó el Senado.
«Se propone que la designación sea por una mayoría absoluta para reconocer la importancia de la figura del Procurador», argumentó el senador, «respecto de los demás funcionarios que, por ejemplo, en el caso de los fiscales, son designados por mayoría simple de los miembros presentes, pero exigir una mayoría calificada solo sería exigible en el caso de cargos vitalicios».
El proyecto del senador por Juntos Somos Río Negro, también estipula cuáles serían las Procuradurías del MPF: de Investigaciones Administrativas, Crímenes contra la Humanidad, Criminalidad Económica y Lavado, Narcocriminalidad, Trata y Explotación de Personas, y Violencia Institucional, además de las de «Defensa de la Constitución» y «Extinción de Dominio».
Weretilneck también propone que los fiscales no puedan ser traslados sin la conformidad de esos funcionarios, pero plantea que cada traslado «deberá ser previamente aprobado por la Comisión Bicameral» -donde el kirchnerismo impulsó su ofensiva contra el actual titular de la Procuración, Eduardo Casal-, aunque no estipula que deba contar con un nuevo acuerdo del Senado, ni cumplir con ningún otro requisito o condición.
