Alicia Fregonese, diputada nacional de Juntos por el Cambio, pidió mayor control por parte del gobierno nacional al que acusó de «no castigar el delito rural».
Los ataques de silobolsas en el campo argentino continúan y en esa oportunidad se denunciaron nueve nuevos casos de rotura y robo de mercadería almacenada en la localidad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, y desde diferentes sectores salieron a pedir por mayor control y castigos más severos. «El Gobierno Nacional nos prohíbe comercializar y no castiga el delito rural», sostuvo Alicia Fregonese.
«El gobierno de Alberto Fernández no sólo pone trabas al campo para comercializar su producción, sino que tampoco garantiza que los productores puedan guardar los granos de forma segura. Durante 2020 se rompieron más de 160 silobolsas, se produjeron incendios intencionales, robaron hacienda y maquinaria agrícola, y ningún funcionario de Nación tomó alguna determinación al respecto», afirmó la diputada nacional entrerriana.
Si bien esta vez los hechos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, cabe destacar que en los últimos años Entre Ríos fue una de las provincias más afectadas debido a este tipo de ataques que atentan contra la propiedad privada. No sólo la pérdida de mercadería por estos cortes, sino que también se ha denunciado robo de los almacenes y de material de cosecha.
Alicia Fregonese, participó esta semana de una reunión que se llevó adelante en Villaguay con productores rurales con quienes compartió la preocupación de que el Gobierno avance en medidas de interferencia y cierre de los mercados internacionales. «No queremos que se repitan los resultados que entre 2006 y 2015 llevaron a Entre Ríos a perder su producción de trigo, maíz y afectar gravemente a la ganadería», indicó.
«Destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley para castigar el vandalismo rural«, explicó en su momento el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando se registraron varios eventos consecutivos en las diferentes provincias. Sin embargo, el accionar del estado y de las autoridades es lo que más preocupa a los productores y trabajadores.
Actualmente, la relación entre el campo y el gobierno de Alberto Fernández no atraviesa un buen momento a partir del paro que se realizó del 11 al 13 de enero a partir de la decisión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendió las exportaciones de maíz. Esto llevó a que la mayoría de los integrantes de la Mesa de Enlace suspendieran la comercialización interna por tres días.
