La directora de protección y promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina manifestó que desde un principio no se cumplió con el protocolo: “Hay que remover de manera preventiva a quienes han participado del operativo”.
A más de 45 días, el juez Guido Otranto ordenó realizar el rastrillaje en el Río Chubut para la búsqueda de Santiago Maldonado con más de 300 agentes, helicópteros, perros y drones. Pero aún siguen las tires y aflojes entre la justicia y la comunidad mapuche y los familiares del joven desaparecido.
Paola García Rey como directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina habló en Ventana Abierta sobre el caso y aseguró que “las preocupaciones son más grandes en el último tiempo” ya que ve “muchas desprolijidades” de cómo desde la justicia lleva adelante las investigaciones.
Si bien resaltó que “se está avanzando con los rastrillajes”, manifestó que “hay destrato hacia la familia Maldonado en no dejarlos participar”.
Valiendo el trabajo que realiza Amnistía no solo en la Argentina sino en el mundo, García Rey manifestó que “en el delito conocido como desaparición forzada básicamente el principal sospechoso es el Estado” y en función de esto se debe realizar una serie de protocolos en los que si la fuerza sospechada es Gendarmería “hay que remover de manera preventiva a quienes han participado del operativo”. Además, aclaró que “no se trata de una sanción, sino de prevenir lo que estamos viviendo hoy que a 50 días no se sabe nada”.
“Mucho se habló de la responsabilidad de la comunidad mapuche de no dejar ingresar a afectivos de la Gendarmería al inicio para el rastrillaje o de no querer prestar testimonios a cada descubierta, pero también se daba en un contexto en el que era la misma Gendarmería sospechada quien iba a ingresar en el territorio”, detalló.
Por otro lado, puntualizó que “el caso Maldonado visibilizó el tema de las tierras de los pueblos originarios» y lejos de entrar en polémicas resaltó que “los derechos humanos fueron y son una deuda histórica de todas las gestiones».
