La movilización contra el máximo tribunal fue convocada para hoy a las 18 por un sector del kirchnerismo, entre ellos, el dirigente social, Luis D Elía, con el acompañamiento del juez Juan María Ramos Padilla.
Bajo el lema «Basta de impunidad» y para reclamar por «el fin del lawfare», esta tarde se realizará una marcha que avanzará desde el Obelisco hasta Plaza Lavalle. En la organización se encuentran el gremio judicial kirchnerista Sitraju, que encabeza la diputada y consejera de la magistratura Vanesa Siley, el abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, los diputados nacionales Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, organismos de derechos humanos e integrantes del Frente Sindical que lidera Pablo Moyano. «Para terminar con el lawfare y democratizar la Justicia, hay que empezar con la renuncia» de los miembros del máximo tribunal, aseguró el secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, en una conferencia de prensa en la que junto a otros dirigentes convocantes dio detalles de la movilización.
La oposición se ha mostrado en contra de esta marcha, tanto Patricia Bullrich como el diputado nacional, Diego Santilli, se proclamaron en contra de esta movilización a través de sus redes sociales. «La marcha contra la Corte es un atentado al principio básico de una República democrática y su división de poderes. Nos preocupan los atropellos del Gobierno al Poder Judicial. Estas acciones ponen nuestra Patria en peligro», escribió la presidente del PRO en su Twitter. Mientras que Santilli esbozó en otro posteo lo siguiente: «Que el Gobierno acompañe una marcha en contra de la Corte Suprema es un grave ataque a las instituciones. La división de poderes es una de las bases de la democracia. Estos atropellos preocupan e indignan».
Por su parte, el presidente de la nación, Alberto Fernández, se manifestó a favor de dicha movilización en una entrevista brindada a C5N. “Es una expresión ciudadana y es un estado de derecho. Cada poder se expresa por un instrumento, el Poder Judicial se expresa en sentencias. Todos son actos de gobierno, públicos y susceptibles de ser cuestionados. Nadie tiene que molestarse porque un número de ciudadanos vaya y reclame a la Justicia que sus actos de gobierno no se están adecuando a lo que esperan. Tendrían que prestar atención y corregir lo que hay que corregir”, expresó el mandatario.
