Consideran que al estar condenado por la Justicia no puede recibir el beneficio. Iba a cobrar unos $ 220.000.
A través de una resolución oficial, ANSES informó que Amado Boudou no podrá cobrar su pensión vitalicia como ex vicepresidente. En la decisión, el organismo previsional consideró que por la condena que recibió Boudou a cinco años y diez meses de prisión con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el caso Ciccone no está en condiciones de recibir ese beneficio que le aseguraría cobrar mensualmente y de por vida unos $ 220.000.
La Anses oficializará la decisión este martes ante la fiscalía N1 de la Cámara de la Seguridad Social. “Desestimamos el otorgamiento de la Asignación Mensual Vitalicia solicitada por el ex vicepresidente Amado Boudou”, concluye el escrito que presentará el organismo ante la Justicia.
Según consigna Clarín, en la resolución de tres páginas Anses se basó en dos dictámenes. Uno fue emitido por la Oficina Anticorrupción y el otro por la Procuración del Tesoro de la Nación. Los dos informes se opusieron al otorgamiento del beneficio. Para el organismo que conduce Laura Alonso, la asignación que reclamó Boudou es “incompatible con una condena en sede penal” como la que recibió el ex vice el 7 de agosto pasado en el caso Ciccone.
En la misma línea, la Procuración del Tesoro advirtió que las pensiones vitalicias como la que solicitó Boudou por ser ex vicepresidente “pretende compensar servicios públicos prestados con honradez y decoro. Y puede verse afectada si se descubre que esos servicios no fueron ni rectos ni honrados”. La Procuración se apoya en la condena que recibió Boudou por el caso Ciccone.
El ex vice había empezado a tramitar su pensión luego de dejar el Gobierno, pero el trámite se retrasó ya que le faltaba presentar una serie de papeles ante el organismo que se encargaba de entregar el beneficio. Tres regularizar la situación, el expediente empezó a tener demoras y terminó judicializado.
En el organismo creen que Boudou apelará la decisión y que el tema puede extenderse aún más. Aunque están confiados en los argumentos jurídicos del dictamen y resaltan uno de los párrafos de la resolución: “Resulta jurídicamente incompatible otorgar el beneficio a quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional”.
