En una conferencia de prensa, Manuel Adorni, quien dio a conocer esta información.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno está evaluando la posibilidad de declarar la educación como un servicio esencial, tal como se contemplaba en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que fue suspendido por la Justicia.
“Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial”, expresó el funcionario durante su habitual conferencia de prensa.
El DNU elaborado por Federico Sturzenegger incluía modificaciones en la ley laboral, entre las que se destacaba la inclusión de la educación como “servicio esencial”, con la intención de limitar el derecho a huelga.
En el artículo 97 se establece que se considerará como “servicio esencial” a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como también los servicios de cuidado de menores y la educación especial. De esta forma, el Gobierno tendría la capacidad de restringir el derecho a la protesta.
Aunque no se han proporcionado detalles sobre la fecha en que se concretará la declaración, fuentes del Gobierno aseguran que será inmediata y estará a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La intención de la administración libertaria es garantizar una prestación mínima durante los días de paro, en medio del conflicto salarial docente provocado por la decisión del Ejecutivo de no convocar a una paritaria nacional.
El funcionario nacional también expresó su descontento por la “saña” de los sindicatos contra el Gobierno del presidente Javier Milei. En ese sentido, se refirió al paro que llevará a cabo La Fraternidad este miércoles en todo el país y lo consideró «un absoluto despropósito».
Además, señaló que ante el fracaso de las reuniones del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ese indicador “quedó fijado para febrero en 180 mil pesos y para marzo en 202.800 pesos”.
Finalmente, al ser consultado por NA sobre el panorama de las paritarias, el vocero presidencial respondió: “El salario está atado estrictamente a un tema de productividad, por el que estamos trabajando fuertemente y para eso eran piezas claves el DNU y la Ley Bases”.
“Las paritarias deben ser absolutamente libres y el Gobierno no tiene que participar de ellas”, agregó.
