Con el propósito de alcanzar la aprobación en el Congreso, el oficialismo llevó a cabo ciertas modificaciones en el texto con la intención de acercar posturas con la oposición de tendencia «dialoguista».
Con el objetivo de desbloquear las negociaciones con los «dialoguistas» y obtener la aprobación en el Congreso para la Ley Ómnibus, el Gobierno ha enviado una versión revisada del texto.
La actualización del escrito se acordó durante la segunda jornada de debates en el Congreso e incorpora varios artículos nuevos, destacándose dos puntos que anteriormente corrían el riesgo de ser rechazados: privatizaciones y facultades delegadas.
En relación a las privatizaciones, se ha modificado el listado final de empresas que pueden ser vendidas, reduciendo el número de 39 a 30. Este conjunto incluye tres empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, las cuales han sido objeto de resistencia por parte de la oposición debido a su consideración estratégica.
Entre las empresas excluidas del listado se encuentran Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.
En este contexto, el nuevo capítulo se divide en tres artículos con sus respectivos anexos, especificando las empresas sujetas a privatización total y otro listado con privatizaciones parciales. Esto podría reducir los votos negativos de la oposición, acercando a aquellos que abogaban por aprobar cada privatización «empresa por empresa».
Además, se establecerá una Comisión Bicameral con seis diputados y seis senadores, informada por el Ejecutivo, para supervisar el proceso de privatización, el procedimiento y la modalidad elegidos para vender las empresas, así como cualquier circunstancia relevante. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) colaborarán de manera continua con la bicameral.
Antes de iniciar el proceso de privatización, la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con la Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa, incluyendo información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos.
En cuanto a las emergencias y facultades delegadas, se eliminó la emergencia fiscal y previsional. El proyecto declara la emergencia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024, prorrogable por el Congreso por un máximo de un año.
