Mañana, la magistrada deberá decidir entre fijar el 10 de enero como plazo límite o atender la solicitud argentina de aplazamiento.
Hoy, el Gobierno ha formalizado su solicitud ante la Juez Loretta Preska, instando a no validar el 10 de enero como la fecha límite para la presentación de garantías, con el objetivo de eludir potenciales embargos.
En la tarde del martes, la magistrada neoyorquina deberá ratificar su instrucción que designa el 10 de enero como plazo, o en su defecto, considerar la petición argentina y retrasar las órdenes de embargo hasta que «los demandantes hayan identificado activos susceptibles de embargo».
Este procedimiento fue gestionado mediante el bufete de abogados Sullivan & Cromwell LLP, la firma encargada de representar los intereses de Argentina en el caso YPF en los Estados Unidos.
El documento presentado argumenta que «hasta que los beneficiarios del fallo no encuentren activos susceptibles de embargo en territorio estadounidense, no resulta necesario establecer una fecha específica para iniciar los procesos de embargo».
