El ministro de Seguridad aseguró que no tiene dudas en que «la solución de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele» en El Salvador.
En medio de la incesante escalada del crimen organizado en la Ciudad de Rosario, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires aseguró que la única solución para erradicar el narcotráfico es tomar el camino de El Salvador, donde su Presidente Nayib Bukele construyó una cárcel para 40.000 reclusos.
También, el funcionario bonaerense le pidió al Gobierno implementar políticas públicas: «En Rosario hubo un retiro del Estado que se fue haciendo gradual y terminó por un copamiento de los territorios por parte de la delincuencia. Hay que volver a poner políticas públicas, que baleen una comisaría en bicicleta y se escapen ya es una postal. Cuando pasa esto ya no hay más nada que describir».
Berni calificó de «inadmisible» e «inexplicable» que «los narcotraficantes puedan seguir moviéndose desde la cárcel como si estuvieran en libertad» y apuntó contra el Servicio Penitenciario Federal (SPF): «Debería explicarle a la sociedad por qué desmanteló el Servicio de inteligencia criminal y por qué permite algo tan estúpido como que el narcotráfico siga en comunicación desde la prisión».
«Esto lo he experimentado permanentemente en cada una de mis investigaciones. Es inconcebible, nadie sale a dar una explicación. Quienes padecemos las consecuencias de estas irresponsabilidades somos los argentinos», agregó.
«Los límites de la democracia se corren cuando un ciudadano común es víctima de la negligencia del Estado. Yo entiendo que la lucha contra el narcotráfico no es fácil, pero no entiendo que haya un gobierno que permita que los presos se comuniquen desde la cárcel, que tiene una laxitud extrema con los detenidos, que permita liberar presos en plena pandemia porque tiene miedo que sufran o se contagien de la enfermedad igual que cualquier ciudadano argentino. No entiendo a una justicia que libera presos sin importar sus consecuencias», puntualizó en declaraciones radiales.
En ese sentido, Berni consideró que «puedo decir por experiencia que a todos aquellos garantistas, cuando les pasa a ellos, prácticamente piden la pena de muerte. Lo mismo que cuando desalojamos terrenos en lugares donde muchos de los políticos se promocionan o no advierten que la Constitución habla del derecho privado de cada uno de los ciudadanos. Ahora, cuando a uno de estos garantistas le toman una propiedad privada, son los primeros en pedir desalojos».
