La iniciativa contó con el apoyo técnico del Observatorio de Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad, que lleva adelante la Consejera Genoveva Ferrero.
La Legislatura porteña aprobó la modificación de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, incorporando una preferencia a favor de empresas que cumplan con principios de sustentabilidad y contraten en sus nóminas a mujeres, personas con discapacidad, personas mayores y personas humanas o jurídicas que hayan obtenido certificados o sellos que respondan a criterios sociales.
Con el apoyo técnico del Observatorio de Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que lleva adelante la Consejera Genoveva Ferrero, se aprobó el proyecto.
En una votación con alto consenso político, que tuvo 47 votos a favor y 9 abstenciones, este jueves en la Legislatura de la Ciudad modificó la mencionada Ley, en el marco de un proyecto presentado por el Diputado Diego García Vila del Bloque Vamos Juntos.
La iniciativa propone incluir políticas de género, de personas con discapacidad y de personas mayores en todas las adquisiciones del Estado. En definitiva, es una Ley contra las desigualdades sociales que existen en el mercado laboral y empresarial, utilizando a la contratación pública como un vehículo para avanzar en la igualdad social, priorizando a los proveedores que cumplen con criterios de sustentabilidad social.
El proyecto mantuvo el apoyo mayoritario del arco político porteño y el Legislador del Frente de Todos Juan Manuel Valdez, que había presentado un proyecto de similares características, expuso en la Sesión que su Bloque acompañaba la iniciativa, pero solicitó que la misma sea ampliada y que los Principios de Sustentabilidad sean controlados durante todo el ciclo de ejecución de la contratación pública.
“La contratación pública es mucho más que la adquisición de bienes y servicios por parte de los gobiernos para cumplir sus fines estatales, es un instrumento para que los gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo utilicen su poder de contratación con el fin de promover los derechos de las minorías y reducir la discriminación”, esgrimió Valdez.
A modo de balance, los legisladores destacaron que esta norma pone a la Ciudad de Buenos Aires a la vanguardia, convirtiéndola en pionera en la región en el desarrollo de estas políticas públicas, que a nivel internacional instrumentan países como el Reino Unido, Canadá, EE.UU., Malasia y Sudáfrica.
