Durante una audiencia, enumeraron las pruebas que no se realizaron y que pudieron conducir a un fallo distinto al sobreseimiento de los gendarmes.
La fiscalía y las querellas pidieron hoy la reapertura de la investigación por la muerte de Santiago Maldonado y el apartamiento del juez Gustavo Lleral, quien en dos oportunidades sobreseyó a los gendarmes acusados por su desaparición y muerte.
Lo hicieron durante una audiencia de apelaciones realizada esta mañana ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que se realizó mediante la modalidad mixta: en el tribunal y por Zoom por las partes.
Sergio Maldonado, hermano de Santiago, pidió la palabra sobre el final de la audiencia para hablarle a los jueces “desde el papel de víctimas” y en ese sentido aclaró: “acá la víctima es mi hermano y, luego, todos nosotros, su familia, que desde hace seis años y medio estamos buscando justicia”.
La fiscal Verónica Escribano, por su parte, le pidió al tribunal la reapertura de la investigación, que fue cerrada con sobreseimientos para cuatro gendarmes a mediados del año pasado.
También se hizo eco del pedido de apartamiento del juez Lleral, sobre quien sostuvo que ya tiene una decisión tomada respecto de lo que le ocurrió a Santiago Maldonado y no la cambiará aunque se realicen todas las pruebas que están pendientes y que volvió a reclamar.
En tanto, la abogada querellante Verónica Heredia, en representación de la familia de Maldonado, cuestionó también al juez Lleral y reclamó la reapertura de la causa para que tramite como “desaparición forzada de personas”.
Insistió en la realización de la reconstrucción en 3D de la muerte de Maldonado –que fue descartada por el juez Lleral- y atribuyó el sobreseimiento a una “simpatía” del magistrado hacia la actual (y también al momento de los hechos) ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En ese sentido, recordó que el sobreseimiento para los gendarmes fue firmado 48 horas antes de las elecciones primarias de 2023, en las que Bullrich era candidata a presidenta.
Las querellas de la Asociación de Detenidos Desaparecidos (AEED), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) redoblaron sus críticas a la actuación del juez Lleral, cuyo apartamiento también pidieron, y enumeraron las pruebas que no se realizaron y que pudieron haber llevado a un fallo distinto al sobreseimiento generalizado de los gendarmes.
Por la defensa de los gendarmes, los abogados Manuel Barros y Mauricio Castro descalificaron la acusación y reclamaron que se confirme el fallo que sobreseyó a sus defendidos.
Barros enunció que las querellas “quieren mantener el relato” y denunciaron que “la causa está politizada”.
Además, señaló que el principal acusado, el gendarme Emmanuel Echazú, pidió a baja de la fuerza afectado por la situación que atravesó y actualmente trabaja en un hotel en España.
El co-defensor, Mauricio Castro, atacó directamente a los manifestantes que acompañaban a Maldonado cuando desapareció, el 1 de agosto de 2017, y los acusó de defender al líder mapuche Facundo Jones Huala, hoy detenido en Chile, a quien calificó de “asesino”.
El tribunal anunció que pasa a deliberar y dará a conocer, en fecha aún no determinada, su decisión sobre la reapertura o no de la investigación.
Con información de NA
