Causa Cuadernos: Clarens declaró que llevaba dinero a la vivienda en Recoleta de los Kirchner
Declaraciones del acusado: “eran cinco las empresas que podían trabajar en el Sur en las obras públicas”, además mencionó que se repartían las obras entre ellos.
El juicio por la causa Cuadernos retomó su ritmo de audiencias con la sesión marcada por la lectura de las declaraciones de empresarios arrepentidos.
Entre ellos se encontraba la del financista Ernesto Clarens, quien afirmó que entregaba dinero a “Cristina y Néstor Kirchner o sus secretarios”. La reanudación ocurrió en medio de fuertes presiones institucionales para acelerar un proceso que avanzó lentamente desde su inicio.
El financista Ernesto Clarens, en su declaración de 2018 como arrepentido en la causa Cuadernos, afirmó que recibió pagos ilegales de empresarios que entregó al secretario privado del expresidente Néstor Kirchner, el ya fallecido Daniel Muñoz, y que en algunos casos llevó el dinero a un departamento en Recoleta que era propiedad del exmandatario y su esposa Cristina Kirchner.
Declaraciones de Clarens frente la Causa Cuadernos
Clarens detalló el funcionamiento de la presunta red de recaudación ilegal de fondos vinculada a la obra pública.
“Me fui de la familia Gotti porque eran rehenes de los Kirchner… Sus dueños me decían que tenía que separar dinero para dárselo a Lázaro Báez, y éste (supongo) se lo daba a Néstor Kirchner”, declaró, según consta en la elevación a juicio.
También afirmó que, tras la muerte del expresidente, Cristina Kirchner intentó “salvar a Gotti”, y que parte del dinero era trasladado desde Aeroparque, incluso en bolsos que “entraron por la cocina” hacia El Calafate.
Más tarde continuó la lectura de la declaración de Víctor Gutiérrez, exsecretario de la Presidencia, quien describió tensiones internas y el trato hacia la entonces presidenta, en declaraciones de fuerte impacto político dentro del proceso.
El Tribunal Oral Federal 7 reanudó las sesiones a las 13 y dio un paso clave al implementar un esquema de dos audiencias semanales —martes y jueves— para intentar agilizar un debate que abarca 86 imputados y 540 episodios de pagos ilegales registrados en el expediente.
