Según el financista arrepentido, la ex presidenta hacía una lista mensual con las firmas a las que se les debían pagar certificados de obra.
A la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) llegaba un listado: allí se detallaba las empresas a las que se les debía liberar el pago de certificados de obras sin demora. Entre las prioridades para garantizar el flujo de fondos se encontraba Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez.
Según explicó el financista Ernesto Clarens ante la Justicia en su declaración como imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción, la lista la llevaba José López para que sea Cristina Kirchner quien la apruebe.
El dueño de Invernes SA ratificó esa versión ante el fiscal Carlos Stornelli. Explicó que “Cristina Kirchner controlaba a qué empresas se les pagaba y a cuáles no” y señaló que esa lista la integraban las firmas “amigas de la casa”.
La prioridad era Austral Construcciones, de Lázaro Báez, pero también estaban CPC, de Cristóbal López, y Electroingeniería, entre otras.
Según declaró Clarens, José López armaba el listado todos los meses, especificando la empresa y el pago que debía liberarse en concepto de certificaciones de obra, siempre y cuando las firmas que recibían contratos de Vialidad Nacional hubieran abonado “el 10% que se les exigía” en cada tramo de la obra.
El empresario precisó que él recaudó entre 2005 y 2010 más de 30 millones de dólares en sobornos a las empresas que hacían obras viales. “Había un decreto instaurado, si no pagaban el 10% no trabajaban” explicó Clarens.
El financista explicó que las empresas debían pagar “el 10% de cada certificado de obra que se iba liberando” y si, por ejemplo, había anticipos de obras que se pagaban, se les exigía a las constructoras “que paguen el 10% correspondiente”
En un momento desfavorable de la economía, muchas constructoras pidieron pagar los sobornos entre 6 a 8 cuotas, detalló Clarens ante la Justicia.
