El proceso llevado a cabo por la jueza Loretta Preska, titular del tribunal del distrito sur de Manhattan, podía derivar en la mayor sentencia económica contra un país soberano en la historia de la justicia de los Estados Unidos.
Este miércoles se dio inicio al juicio contra el Estado argentino por la privatización ilegal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), llevada a cabo en la segunda gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el 2012, y el país podría tener que pagar la desorbitante cifra de $16.000 millones de dólares.
Todo depende de lo que delibere la jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan de los Estados Unidos, durante los tres días que llevará el proceso. Por lo pronto, la compañía energética fue apartada de toda culpa por la magistrada, en marzo de este año.
«Los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República», explicó la mediadora en aquel momento.
Los que están al frente de la demanda son los representantes del bufete Burford, una firma que opera en la bolsa de valores y adquirió la compra de la causa YPF para litigar en contra de la Argentina, con el fin de recibir el multimillonario resarcimiento.
Los especialistas lo comparan con un «fondo buitre», por la manera en que los empresarios realizaron la compra de los derechos para adueñarse de la causa a dos exaccionistas privados de la petrolera.
El Estado argentino viene complicado en la defensa, ya que en los ocho años que lleva el caso recibió un total de seis fallos en su contra. Además, en 2019 la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU, negó irrumpir para analizar el caso y respaldó a la jueza Preska en su tarea.
