Hay nueve imputados que enfrentarán cargos por los abusos contra chicos hipoacúsicos. La causa se inició en noviembre de 2016 y cuenta con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto.
Después de postergarse hace un mes, hoy arranca el segundo juicio por los abusos sexuales cometidos contra los niños hipoacúsicos del Instituto Antonio Próvolo.
En esta oportunidad, luego del debate histórico de noviembre de 2019 que tuvo duras condenas contra el sacerdote Horacio Hugo Corbacho (condenado a 45 años de prisión), el cura italiano Nicola Corradi (condenado a 42 años) y el exempleado Armando Gómez (18 años de prisión), estarán en el banquillo de los acusados nueve mujeres, acusadas de ser entregadoras y facilitadoras del horror que vivían los chicos en la “Casita de Dios”.
La Justicia buscará determinar si las imputadas era responsables de un sistemático encubrimiento y de la omisión de denunciar lo que allí ocurría.
Entre las principales acusadas se encuentran las monjas Kumiko Kosaka, la más complicada porque está denunciadas por abusos sexuales simple y gravemente ultrajante, y Asunción Martínez, procesada como partícipe primaria. Por “omisión” deberá dar explicaciones la apoderada legal del instituto, Graciela Pascual, identificada por las víctimas como “la jefa” y mano derecha del director del establecimiento, el sacerdote Corradi.
Además, en esta nueva instancia están señaladas exdirectoras, una cocinera y una psicóloga, quienes también podrían recibir condenas altas, similares a las impuestas a los religiosos.
La primera jornada será un acto formal que consiste en la “lectura del requerimiento fiscal de citación a juicio”. Luego, de lunes a viernes se desarrollará todo el proceso, utilizando las filmaciones de Cámara Gesell del primer debate, con el fin de no revictimizar a los denunciantes.
Debido a la pandemia de coronavirus, el debate se desarrollará de manera semipresencial. Las acusadas seguirán el juicio desde sus domicilios, donde cumplen con las disposiciones legales.
Además de las monjas Kumiko y Martínez están imputadas la trabajadora social y responsable legal del Instituto Graciela Pascual, la cocinera Noemí Paz, la psicóloga Cecilia Raffo y las exdirectivas Valeska Quintana, Gladys Pinacca, Laura Gaetan y Cristina Leguiza.
