Los ex funcionarios K enfrentan un embargo de 10.000 millones de pesos. El juicio oral podría ser en octubre.
La Sala I de la Cámara Federal porteña ratificó la medida del juez Ercolini, quien había procesado a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral.
También la justicia confirmó los embargos trabados sobre los principales imputados, por 10.000 millones de pesos para cada uno. Con este escenario, la ex Presidenta quedó más cerca de otro juicio oral. El juez de la causa, Julián Ercolini, podría elevarla en octubre, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
Ercolini había procesado a los ex funcionarios K a fines de diciembre del año pasado. Al procesar a Cristina, el juez consideró que ella junto a todas las autoridades nacionales y provinciales de Vialidad formaron“parte de una asociación, la que habría funcionado entre mayo del año 2003 y diciembre de 2015″, destinada a “cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.
Así, se “favoreció” al Grupo Austral -propiedad de Báez-, con la obtención de 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos.Ercolini sostuvo que con dicha maniobra se “perjudicaron los intereses del Estado” con el fin de procurar “un lucro indebido propio o de terceros, como el del empresario Lázaro Báez”.
A partir de una división de tareas y funciones específicas propia de los cargos públicos en el Estado, se remarcó que “por acción u omisión, permitieron que se cumpliera con el propósito común”, que fue favorecer al Grupo Báez en perjuicio del erario público, lo que se calificó como una “asociación ilícita”.
