Lo decidió el juez Bonadio al finalizar la instrucción de este expediente, vinculado a los cuadernos de las coimas.
Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de 50 empresarios, en el marco de la causa por la supuesta cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos.
Es la décima causa que la vicepresidenta tiene elevada a esa instancia. El juez Claudio Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos vinculados a la Cámara de la Construcción.
Luego de que se confirmaran los procesamientos dispuestos por el juez, se dio por corroborada la intervención de los funcionarios imputados respecto “a un acuerdo previo y a la división de tareas, con un claro dominio funcional del hecho”, para una distribución de la obra pública.
En la resolución, Bonadio indica que “se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años”.
Según la Justicia, la maniobra funcionó desde el área del Ministerio de Planificación Federal “por indicaciones del Presidente Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles”.
Para establecer cómo operó la cartelización de la obra pública, se trazó una serie de responsabilidades, que alcanzó a De Vido, José López, Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción), Ernesto Clarens (financista) y a las autoridades de Vialidad Nacional
Además se precisó que “cada pago emprendía su camino en las oficinas y dependencias de las distintas empresas interesadas para concluir, tras una breve escala en las oficinas de Clarens y los despachos de los funcionarios, en dos lugares muy sugestivos: la Quinta Presidencial de Olivos o el departamento” de Cristina en el barrio de Recoleta.
“Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados”, añadió el informe.
