El empresario está acusado junto a sus cuatro hijos y una veintena de personas por supuestas maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares. La Oficina Anticorrupción pidió ocho años y medios de prisión para el nacido en Corrientes..
Tras más de cuatro meses paralizado, este martes se confirmó la reanudación del juicio por la causa conocida como «Ruta del dinero K», que tiene como principal acusado al empresario Lázaro Báez y sus cuatro hijos, que se suman a la veintena de personas investigadas al respecto. En este marco, la Oficina Anticorrupción pidió una pena de ocho años y medio de prisión para el empresario.
En base a lo informado, tanto Báez como su hijo Martín se negaron a ser trasladados a una sala especialmente acondicionada dentro del penal de Ezeiza para presenciar el juicio mediante videoconferencia, y no así Melina y Leandro, quienes al igual que Leonardo Fariña, se conectaron vía Zoom para notificarse del avance de la investigación.
Tras retomar sus alegatos iniciados el pasado 11 de marzo, la Oficina Anticorrupción concluyó presentando el pedido formal de prisión para el contratista nacido en Corrientes, al alegar que él era quien tenía en su poder y manejaba el «dinero ilícito».
Además, los hijos de Báez también fueron incluídos en el pedido de condena por parte del organismo, que reclamó Ocho años para el mayor, Martín, cinco años y medio para Leandro, y tanto a Luciana como a Melina Báez, cuatro años y medio.
Por otro lado, el organismo que durante la gestión Macri condujo Laura Alonso requirió una pena de tres años para Leandro Fariña, y de seis y seis y medio para Federico Elaskar, dueño de la financiera SGI, y a Fabián Rossi respectivamente.
Durante la última audiencia la OA afirmó que la financiera de Puerto Madero -popularmente conocida como «la rosadita», era el centro de operaciones de la estructura delictiva, que tenía como objetivo expatriar el dinero recaudado en la causa. Además, en la mencionada audiencia los abogados de la OA hicieron referencia y describieron puntillosamente los «hechos B», como se refirieron a la puesta en circulación del dinero proveniente de las arcas de la Nación.
En el marco del juicio, que comenzó en octubre de 2018, tanto la AFIP como la Unidad de Información Financiera (UIF) expusieron sus acusaciones al respecto, y pidieron penas de ocho y nueve años de prisión para Lázaro Báez respectivamente.
Cabe destacar que días previos a la reanudación de la causa, la Cámara de Casación y el Tribunal Federal Oral 4 que lo juzga, habían concedido la posibilidad de que se le otorgara la prisión domiciliaria al santacruceño. Sin embargo los 632 millones de pesos que debe pagar de fianza lo separan de la excarcelación y la fiscalía negó una reducción del monto.
