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Debate en marcha: una organización critica al DNU y pide su nulidad por falta de respaldo jurídico

  • por PERIODISTA 360
  • 22 de enero, 2024

La misma organización que objeta la aprobación para que extranjeros adquieran tierras incluso en áreas fronterizas.


Una organización civil que solicitó la revocación del DNU 70/23 del Gobierno de Javier Milei ha llevado su caso ante la Justicia, argumentando que la norma fue promulgada sin la intervención de los organismos técnico-jurídicos requeridos por la ley de procedimiento administrativo.

El Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM La Plata) afirmó categóricamente que «es claro, evidente e incontrastable que el DNU no ha contado con causa ni motivación». Este grupo ha solicitado la nulidad del artículo del DNU que permite la adquisición de tierras por parte de extranjeros, incluso en zonas de frontera.

El CECIM denunció que el gobierno no obtuvo informes técnicos y jurídicos que respaldaran la derogación urgente, calificándolo como un «hecho nuevo». Además, expresó su preocupación, señalando que el decreto parece más un cumplimiento de deseos de estudios jurídicos que buscan comprar tierras como commodities que una política pública estratégica consensuada para el desarrollo nacional.

El gobierno nacional, al responder a una solicitud de información pública de la Coordinadora de Abogados de Interés Público, admitió que la elaboración del decreto «no contiene informes y/o dictámenes técnicos ni jurídicos previos al dictado del mismo».

Por esta razón, el CECIM consideró que el decreto es «nulo de nulidad insanable», ya que carece de respaldo en dictámenes, informes técnicos y estudios.

El texto presentado ante el juzgado federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, añade que «los considerandos son el designio de un Ejecutivo que ha devenido en un Monarca Siglo XXI, que con un chasquido de dedos ha decidido borrar el artículo 1° y el artículo 29 de la Constitución Nacional».

La presentación concluye con la advertencia de que «la no impugnación del DNU, y el hecho de no hacer lugar a lo solicitado por esta parte en el escrito de demanda, acrecentarán la ya grave crisis de institucionalidad que estamos viviendo».

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