El proyecto que aprobó el Senado impulsa tres años de vínculo. Cuenta con el apoyo de las agrupaciones de inquilinos, pero es resistido por el sector inmobiliario.
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados debate este martes el proyecto de reforma a la ley alquileres. Ya cuenta con media sanción en el Senado, pero los principales cambios que busca introducir el oficialismo están en la duración de lo contratos y el método para indexar los valores.
La iniciativa que llegó al Senado cuenta con el apoyo de las agrupaciones de inquilinos, aunque es mirado con recelo desde el sector inmobiliario.
Son varios los cambios propuestos:
El mecanismo de indexación está entre los más notorios. Se aprobó que los alquileres suban una vez por año y de acuerdo a un promedio entre la inflación y los aumentos salariales. En cambio, el oficialismo ahora propone que se considere sólo el Coeficiente de Variación Salarial, pero para los alquileres que no superen las 840 unidades UVA, las mismas que se usan para los créditos hipotecarios: hoy serían $ 15.657. Los contratos por encima de ese precio se ajustarían de acuerdo a los que pacten el dueño y el inquilino.
Para ese mismo segmento de alquileres más bajos se plantea que las expensas extraordinarias corran por cuenta del dueño y no del inquilino. En el texto original esta modificación se incluía también para los contratos más caros. En tanto, el oficialismo propone dejar el plazo mínimo de contrato en dos años, y no llevarlo a tres como aprobaron los senadores.
También limita en un mes de alquiler el depósito en garantía y prevé su devolución actualizada, establece que las comisiones inmobiliarias sean determinadas por ley de cada jurisdicción, y en caso de no estar reguladas no superen nunca el valor de un mes de alquiler.
Además, se elimina el plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa y se añade que las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta días antes del vencimiento de la locación. Y su suma una iniciativa para promover la inversión en construcción de viviendas para destinar a alquiler.
Este año, la Legislatura porteña aprobó una modificación a la ley, que ya entró en vigencia. Allí se determinó que las comisiones, que habitualmente pagaban los inquilinos, ahora corren por cuenta de los propietarios. Este cambio generó protestas de parte del sector inmobiliario, desde donde sostienen que la modificación perjudica los ingresos, sobre todo de las inmobiliarias más chicas.
Fuente:Clarin
