Atendiendo a una solicitud de hábeas corpus realizada por habitantes de la provincia de Buenos Aires, se determinó que las fuerzas federales quedan prohibidas de efectuar requisas sin motivo o filmar sin justificación a los militantes.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ha dictaminado que el Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich, se abstenga de filmar a los manifestantes que participarán mañana en la marcha convocada por la CGT y de llevar a cabo requisas sin justificación alguna.
La medida se basa en la resolución de un hábeas corpus presentado por residentes de la provincia de Buenos Aires a través de un abogado, quienes expresaron su descontento por las requisas realizadas en manifestaciones anteriores, especialmente después de la asunción de Javier Milei, dirigidas hacia los participantes en protestas sociales.
En su reclamo, los denunciantes destacaron que las requisas sin motivo previo constituyen una afectación a sus derechos, especialmente para aquellos que se movilizan en transporte público. Se argumentó que estas acciones no solo vulneran su libertad ambulatoria, sino también otros derechos de raigambre constitucional.
El juez sostuvo en su fallo: «La eventual intervención de las fuerzas de seguridad llevando a cabo procedimientos como los descriptos -esto es, la filmación y/o interceptación de personas con el fin de identificarlas y/o requisarlas, sin orden judicial previa, por el solo hecho de presumir que van a participar de una movilización social- implicaría un cercenamiento ilegítimo de la libertad ambulatoria, además de la afectación de otros derechos de raigambre constitucional».
Asimismo, destacó que las irregularidades serían aún más graves si la intervención policial, que incluye requisas, no quedara debidamente documentada en actas para su posterior control jurisdiccional por parte de la Justicia.
La orden judicial específicamente prohíbe a Bullrich dar instrucciones de este tipo a las fuerzas federales, especialmente en el caso de manifestantes que utilizan transporte público o acceden a unidades de trenes, «todo ello dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado», es decir, la provincia de Buenos Aires.
