Durante la última jornada de sesiones extraordinarias con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, se aprobó la ley que permitirá jubilarse a alrededor de 800.000 personas.
Sobre el cierre del período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Alberto Fernández, el oficialismo alcanzó el quorum en la Cámara de Diputados y convirtió en ley el proyecto que instrumenta un plan de pago de deuda previsional que permitirá que unas 800.000 personas puedan acceder a una jubilación.
La bancada de Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa por considerarla un «parche» que empeorará el déficit previsional.
La iniciativa se aprobó con 134 votos positivos y 107 negativos. El bloque que comanda Germán Martínez logró el quorum con lo justo al tener 129 diputados presentes y gracias al aporte del interbloque Provincias Unidas, del Frente de Izquierda y de cuatro diputados del interbloque Federal: los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein junto a los bonaerenses Alejandro «Topo» Rodríguez y Graciela Camaño.
Si bien había anunciado que no facilitaría el tratamiento de ninguna ley del Gobierno mientras se desarrolle el juicio político a la Corte Suprema, el interbloque de Juntos por el Cambio ocupó sus bancas una vez que el oficialismo consiguió el quórum.
La llegada del principal bloque opositor al recinto recalentó el ambiente. El santafecino Juan Martín, de Pro, fue el primero en arremeter contra el oficialismo al reclamar la presencia del ministro del Interior, Aníbal Fernández, por la situación de inseguridad que se vive en su provincia.
«Estamos viviendo una situación gravísima en Santa Fe, una verdadera escalada de violencia», alertó el legislador santafecino, quien advirtió que el año pasado la ciudad de Rosario fue récord en cantidad de homicidios y en lo que va de 2023 se registraron 56 homicidios en 57 días.
Martin apuntó contra el ministro de Seguridad y sentenció: «Escupe soberbia» y desafió a sus rivales del Frente de Todos a que se vote una resolución que obligue al funcionario a dar las explicaciones del caso.
El presidente de la Comisión de Seguridad Interior, el massista Ramiro Gutiérrez, respondió y remarcó que en dos oportunidades se invitó al funcionario al cuerpo, pero no obtuvo respuesta. Sobre el final de la sesión confirmó que Fernández concurriría a la comisión el próximo 9 de marzo.
El nivel de tensión escaló todavía más cuando el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz denunció que la oposición fue víctima de un escrache pergeñado por sindicalistas de la Anses, cercanos al kirchnerismo, por no apoyar la nueva moratoria previsional.
La diputada Graciela Camaño, del interbloque Federal, se sumó a la denuncia y señaló a uno de los gremialistas apostados en el palco del recinto como autor del escrache. Se trataba de Carlos Ortega, alineado al kirchnerismo, y jefe del Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi).
A su lado, en uno de los palcos, estaba Soledad Antonio Alonso, diputada provincial del Frente de Todos y jefa regional de la ANSES en la provincia de Buenos Aires. Ambos responden a Fernanda Raverta, titular de la ANSES.
«No cabe dudas que acá hay responsabilidades», acusó Camaño, quien advirtió que el escrache perpetrado «constituye un delito, porque se ha incitado a la violencia sobre una cantidad de diputados».
«Fue muy grave lo que ocurrió y la responsable funcionaria tiene que darnos algún tipo de explicación», lanzó en dirección a Raverta, presente en el recinto.
El ultimo en sumarse a la discusión fue Máximo Kirchner y justificó el ataque a la oposición: «Si algún diputado o diputada se sintió mal por los carteles es entendible, pero también es un poco de empatía… imagínense, si algunos se sienten mal por ver su cara en un cartel, imagínense cómo nos sentimos nosotros cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta».
