Según el Poder Ejecutivo, la naturaleza del asunto es política y, por lo tanto, “no judiciable” .
El Gobierno ha decidido apelar el fallo de una jueza de feria que declaró inválidos seis artículos del DNU 70/23 relacionados con los derechos laborales. A través de una presentación que abarca alrededor de treinta páginas, la Secretaría de Trabajo sostiene que se trata de una «decisión política no judiciable» y, en consecuencia, argumenta que el fallo no debería haber sido emitido en primer lugar.
La semana pasada, la jueza Liliana Rodríguez Fernández, al hacer lugar parcialmente a una acción de amparo presentada por la CGT, declaró la invalidez de los artículos 73 (retención de la cuota sindical); 79 (negociación colectiva); 86 (cláusulas obligacionales); 87, 88 y 97 (servicios esenciales y modalidad de protestas).
En la apelación del gobierno, se destaca la necesidad de exponer los riesgos de tener un Poder Judicial que descuide las necesidades apremiantes de la República Argentina. El documento señala: «La indiferencia al entendimiento de la situación y la anteposición de intereses particulares por sobre los de la Nación ponen en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política, afectando su desarrollo normal en procura del bien común».
En cuanto al derecho a huelga, el gobierno argumenta que «el legal y legítimo ejercicio del derecho a huelga ha quedado completamente desnaturalizado», convirtiéndose en una manifestación de violencia e irrespeto hacia los derechos de otros. El escrito subraya que el ejercicio de este derecho constitucional y supraconstitucional no puede llevarse a cabo de manera violenta ni abusiva, resaltando la regulación que pretende establecer el DNU.
