En su informe “Human Rights Report 2022″, el Departamento de Justicia señaló que la administración actual “no implementó la ley de manera efectiva”.
Por medio del informe “Human Rights Report 2022″, Estados Unidos alertó sobre graves casos de corrupción en la gestión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Señaló que la administración actual “no implementó la ley de manera efectiva”.
“La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”, advirtió.
“En septiembre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango en ejercicio y ex, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, continuó.
El escrito manifestó que “Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente”.
“Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160 millones. El 22 de agosto, los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la condenara a 12 años de prisión y le impusiera una inhabilitación de por vida para desempeñar cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera”, detalló.
Por otra parte, el texto afirmó: “Con base en una investigación anterior, en julio, las autoridades acusaron al juez federal Walter Bento de lavado de dinero y de recibir sobornos a cambio de que Bento brindara beneficios a las personas que fueron acusadas y detenidas en casos penales. Los dos hijos de Bento también fueron acusados de lavado y recepción de sobornos. El 3 de octubre, los fiscales solicitaron un juicio para Bento y los coacusados”.
“La corrupción y la complicidad oficial se dieron en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero y prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”, indicó.
