Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el proyecto impulsado por el Gobierno que ya contaba con media sanción de Diputados fue convertido en ley. La norma será reglamentada en los próximos días.
El Senado aprobó esta madrugada la ley de interrupción voluntaria del embarazo y atención post aborto tras 12 horas de sesión.
Con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el proyecto impulsado por el Gobierno fue convertido en ley mientras manifestantes a favor y en contra realizaban una vigilia en la puerta del Congreso.
Los 38 votos afirmativos que en el Senado determinaron la histórica sanción de la legalización del aborto de la Argentina fueron aportados en su mayoría por legisladores y legisladoras del Frente de Todos, con 26 respaldos, en tanto otros 10 fueron aportados por Juntos por el Cambio y los restantes 2 por partidos provinciales.
En la definición de la puja entre «verdes» y «celestes» fueron determinantes la decisión de la neuquina Lucila Crexell (Interbloque Federal), los entrerrianos Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio) y Edgardo Kueider (Frente de Todos) y el salteño Sergio «Oso» Leavy (Frente de Todos) de votar a favor.
Los cuatro mantuvieron en suspenso su voto hasta el debate y su decisión fue determinante, junto con la ausencia sorpresiva de la riojana Clara Vega (Interbloque Federal), que había participado de la sesión y era considerada un voto en contra del proyecto, y el faltazo del puntano Adolfo Rodríguez Saá, otra baja para los «celestes». También eran votos cantados los del expresidente Carlos Menem (internado en terapia intensiva) y el tucumano José Alperovich, quien está de licencia extraordinaria hasta el 1º de enero por una denuncia de abuso sexual contra su sobrina.
La ahora Ley de interrupción voluntaria del embarazo permite el aborto hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.
El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.
