El presidente de la Corte y el ministro de Seguridad llegaron a un acuerdo para garantizar la seguridad de las autoridades.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti se comunicó con Aníbal Fernández y el Gobierno se comprometió a aumentar la seguridad alrededor de los jueces y fiscales juzgados federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
Ante las amenazas que sufrieron los responsables de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, el integrante del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones le había pedido a Rosatti que garantice la integridad y seguridad de los jueces y fiscales de la provincia.
«Desde allí es que se solicita que, de manera urgente, se efectúe una petición institucional a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para garantizar la debida protección y seguridad de los integrantes de los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa, así como también de sus oficinas judiciales», indicaba el comunicado al que tuvo acceso Infobae.
El jueves a la noche, en la localidad de Trelew (Chubut), el senador Lisandro Enrico recibió un estremecedor mensaje: «Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del Juzgado Federal, Cuello Murúa y el Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona».
Ante esto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) difundió un comunicado repudiando lo sucedido y pidiendo por la seguridad de los involucrados a seguridad de los involucrados: «Instamos enérgicamente a las autoridades nacionales y provinciales a que adopten todas las medidas conducentes, no sólo para prevenir cualquier episodio que pueda llegar a resultar lamentable y que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino, sino para hacerlos cesar de manera inmediata, identificando a sus posibles autores a los fines de que los tribunales que correspondan determinen sus eventuales responsabilidades penales».