Impulsado por Laura Alonso y Fernando Sánchez, la medida fue promulgada este jueves por un decreto presidencial.
El Gobierno aprobó hoy mediante un decreto el “Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023” en base a legislación vigente y varias convenciones internacionales ratificadas por el país.
El plan fue impulsado por la Oficina Anticorrupción, que encabeza Laura Alonso, y por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, a cargo de Fernando Sánchez.
La aprobación de la iniciativa, que llevó las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Justicia, Germán Garavano, y fue publicada en el Boletín Oficial, sostuvo que “la corrupción se presenta como un fenómeno complejo que debe ser abordado de modo amplio mediante el diseño y la aplicación de políticas públicas tanto preventivas como punitivas, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos”.
El decreto remarcó que la lucha contra la corrupción es un eje prioritario de las políticas del Poder Ejecutivo y que por tal motivo y a fin de dar cuenta de los avances realizados en los últimos tres años y de planificar los próximos cinco se ha elaborado esta “Estrategia y Plan Nacional Anticorrupción” que colecta más de 250 iniciativas transversales y sectoriales para consolidar y profundizar la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas.
La OA, previa intervención de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, será la que cree un consejo asesor de carácter ad honorem para el seguimiento del plan.
Además, la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto deberá adoptar las acciones pertinentes para la elaboración del mecanismo de seguimiento público de la implementación del plan.
El Gobierno invitó al Congreso, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa y al Consejo de la Magistratura “a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, normas de carácter similar”.
También convocó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar planes similares de lucha contra la cocrupción.
