Según la iniciativa, el nuevo régimen se aplicará «al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales».
El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto para reformar el Régimen Penal Juvenil que el presidente Mauricio Macri anunció en la apertura del sesiones del Congreso y que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad a 15 años.
La iniciativa ingresó a la Cámara baja el pasado viernes por la noche, horas después de que el Presidente lo anunciara ante la Asamblea Legislativa como «una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes».
El proyecto apunta a la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 que cometan delitos y de esta manera baja la edad de imputabilidad que actualmente es de 16 años.
Según la letra de la iniciativa, el nuevo régimen se aplicará «al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales».
También a los mayores de 16 y menores de 18 que incurran en un acto «previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal».
Además, el Régimen Penal Juvenil que propone el Poder Ejecutivo contempla los casos de la tentativa cuando, con la intención de cometer un delito, el adolescente «comenzare su ejecución pero no lo consumare por circunstancias ajenas a su voluntad», mientras que si desistiera voluntariamente de concretarlo no estará sujeto a sanción.
Respecto de la privación de la libertad, el proyecto establece que «se aplicará como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible», al tiempo que resalta que nunca se tomará una medida de este tipo «en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas».
Sobre el alojamiento, la iniciativa prohíbe que sea en dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios junto a personas mayores de edad.
Si el adolescente es detenido, deberá ser trasladado a la sede del juzgado dentro de las 24 horas siguientes, plazo que podrá ser prorrogado por otras 24 horas una única vez cuando no se pueda realizar por razones de organización o cuando el imputado lo solicite para designar a un abogado defensor.
«El fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los 10 años de prisión», agrega el proyecto.
Tanto los procesos penales como la ejecución de las sanciones estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño y el adolescente tendrá derecho a ser escuchado «cada vez que lo solicitare, en cualquier etapa del proceso y durante la ejecución de la sanción que eventualmente se le hubiere impuesto».
La duración máxima del proceso penal, según el proyecto, no deberá exceder el término de tres años.
El proyecto sostuvo que el objetivo del sistema de responsabilidad penal juvenil es «fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social» y que, por esa razón, el régimen «comprenderá un abordaje integral, interdisciplinario y restaurativo».
Al anunciar el envío del proyecto, Macri afirmó el viernes pasado en el Congreso que «es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad para algunos delitos graves» y sostuvo que a los adolescentes «hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad».
Fuente: NA
