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El Gobierno le insistió a Rusia por el pedido de extradición del funcionario iraní involucrado en el atentado a la AMIA

  • por Periodista 360
  • 27 de julio, 2018

Jorge Faurie le pidió una respuesta por el pedido de extradición del ex canciller iraní que tiene pedido de captura internacional desde 2006


En el marco de la cumbre de los BRICS que se realiza en  Sudáfrica, el canciller Jorge Faurie insistió ante el viceministro ruso de Relaciones Exteriores para las Américas, Sergei Ryabkov, el pedido de extradición contra el ciudadano iraní Ali Akbar Velayati, investigado en la causa por el atentado a la AMIA.

La respuesta del vice canciller del Kremlin fue que la solicitud judicial librada pro el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había sido «oportunamente encaminado» por su departamento a las autoridades de la Justicia rusa al tiempo que prometió que la Procuración General rusa dará «respuesta a la brevedad»

La orden de detención sobre Velayati pesa desde hace semanas atrás cuando se dio a conocer que el excanciller iraní se encontraba en la Federación de Rusia. No obstante, el presidente ruso, Vladimir Putin, hizo caso omiso a la orden de la Justicia argentina y lo recibió en su residencia en Moscú. Desde el Gobierno de Mauricio Macri no se presentó queja.

En vísperas de un nuevo aniversario del atentado a la mutual judía, Macri se comprometió a «dar un fuerte impulso internacional» a la causa por el ataque terrorista que ocurrió en 2004 y evitar que los acusados iraníes por ese ataque puedan salir de Teherán sin inconvenientes a otros países. La reunión entre Faurie y Ryabkov ocurrió tras un «expreso pedido» del presidente.

Velayati está señalado como ideólogo del atentado por su participación en la  reunión que se celebró el 14 de agosto de 1993 en el Consejo Supremo de Seguridad en la que se decidió el ataque. En ese entonces, cumplía el rol de ministro de Relaciones Exteriores de Irán.

El ex canciller salió ya reiteradas veces de Irán. Se conoce que estuvo en Singapur, Malasia y Líbano y sigue libre a pesar de las quejas que presentó el gobierno argentino en relación a su orden de captura nacional e internacional que rige desde 2006, aunque no pesa sobre el una «alerta roja» de Interpol, lo que impide una detención automática.

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