La solicitud la hizo el representante del Poder Ejecutivo Nacional, Juan Bautista Mahiques, por requerimiento del ministro de Justicia, Germán Garavano.
El Gobierno formalizó el pedido de apertura de juicio político contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga la causa por espionaje político y judicial, por la que se encuentra procesado el falso abogado Marcelo D’Alessio.
La solicitud la hizo el representante del Poder Ejecutivo Nacional, Juan Bautista Mahiques, por requerimiento del ministro de Justicia, Germán Garavano, e ingresó este mediodía al Consejo de la Magistratura de la Nación.
La denuncia argumenta que la exposición que realizó Ramos Padilla el 13 de marzo pasado, ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, fue «una manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas».
Según publica Infobae, para el Gobierno el magistrado «hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial, poniendo gravemente en crisis de este modo la confianza que lo habitantes depositan en ese poder del Estado».
Y en el texto manifiesta que “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y el decoro esperados de un juez federal», mientras que agrega que “cuestionó e involucró a otros magistrados y diputados nacionales, lo que resulta además de imprudente, contradictorio y constitutivo de un inaceptable prejuzgamiento»
Por último, Garavano advirtió que el juez de Dolores le pidió colaboración en su investigación a la Comisión Provincial de la Memoria, para analizar el material secuestrado en la casa de D’Alessio -que incluyó «informes de inteligencia»-, en lugar de hacerlo al Ministerio de Justicia de la Nación. En su consideración, esto evidenciaría «una intencionalidad política» para redireccionar la investigación.
