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El Gobierno presentó una denuncia penal contra el titular del gremio de los pilotos, Pablo Biró

  • por PERIODISTA 360
  • 18 de septiembre, 2024

Al gremialista lo acusan de haber cometido un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas.


El ministerio de Seguridad presentó una denuncia por amenazas y extorsión contra el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)Pablo Biró, luego de expresiones realizadas por el dirigente en las que advertía que el conflicto en el servicio de transporte iba a recrudecer.

La denuncia surge a raíz de las declaraciones públicas de Biró en relación con el conflicto por la decisión del Gobierno de declarar el transporte aéreo como un «servicio esencial». Desde el ministerio se considera que los dichos del gremialista, quien expresó que «esto se va a poner mucho peor», podrían constituir delitos y representar posibles «males futuros» que afectarían a Aerolíneas Argentinas.

Desde Seguridad sostienen que las acciones de Biró podrían exceder el derecho constitucional de huelga, al tratarse de un servicio esencial como el transporte aéreo. La presentación judicial subraya que cualquier interrupción abrupta en este sector podría tener un impacto considerable en la seguridad pública, y destaca la necesidad de que las medidas de fuerza sean razonables y proporcionadas.

Patricia Bullrich se expresó en sus redes sociales: “Miles de familias pierden viajes, pierden trabajos y operaciones, todo porque hay un sindicalismo duro que no entiende que es un servicio esencial, que no se puede parar”. La ministra sumó que la denuncia penal contra Biró es por las incitaciones a la violencia permanente: “Su objetivo es el caos permanente, fue denunciado para el bienestar y tranquilidad de millones de argentinos”.

Según el Ministerio, con esta denuncia se busca preservar la estabilidad de los servicios esenciales y proteger los derechos de los ciudadanos. El Gobierno enfatiza que cualquier huelga que afecte un servicio público sin agotar vías previas podría ser catalogada como “huelga salvaje”, quedando fuera del amparo de la Constitución Nacional.

El comunicado del Ministerio de Seguridad exige que la Justicia tome las medidas correspondientes “frente a la gravedad de las amenazas vertidas por el titular de APLA”. La decisión ocurre luego de que Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, haya dicho en diálogo con radio La Red que el Ejecutivo “no va a permitir que se imponga la voluntad de Pablo Biró”.

 

 

 

 

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