La nueva prórroga se extenderá a la espera de que los empleados realicen un examen de idoneidad para acceder a un régimen de mayor estabilidad.
El Gobierno ha decidido renovar los contratos de unos 40.000 empleados públicos de la administración nacional por un período de tres meses. Estos empleados no forman parte de la planta permanente estatal y, desde la asunción de Javier Milei, sus contratos se han renovado de manera precaria cada tres meses para determinar quiénes mantienen su puesto y quiénes son despedidos.
La nueva prórroga se extenderá hasta fines de marzo, a la espera de que los empleados realicen un examen de idoneidad para acceder a un régimen de mayor estabilidad. Estos 40.000 empleados están contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, que establece regímenes por tiempo determinado para servicios transitorios o estacionales.
Los contratos vencieron el último día de 2024, pero se están firmando renovaciones por otros tres meses en las distintas dependencias. Se espera que esta sea la última prórroga, ya que todos deberán rendir la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un examen de idoneidad con un cuestionario dividido en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública.
En las últimas horas, el Gobierno publicó dos nuevos decretos para congelar la planta de la administración nacional y limitar el ingreso de nuevo personal al sector público. En el último Boletín Oficial de 2024, Milei y Sturzenegger firmaron los decretos 1148/24 y 1149/24.
El decreto 1148/24 establece que las entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza, abarcando designaciones en plantas transitorias, contrataciones bajo el artículo 9° y contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos. Excepcionalmente, se podrán prorrogar las designaciones transitorias y contratos firmados el año pasado.
El decreto 1149/24 dispone que, a partir del 1 de marzo de 2025, quienes aspiren a ingresar al sector público deberán aprobar el examen de idoneidad implementado previamente para los empleados existentes. Este examen también será obligatorio para las empresas con mayoría accionaria estatal.
