Buscan aprobar la iniciativa con dos tercios de los votos. Si la Cámara Baja quiere insistir tendrá que lograr una mayoría especial.
La mayoría de los bloques del Senado consensuaron un nuevo proyecto unificado de extinción de dominio. La idea es aprobar la iniciativa en el recinto con dos tercios de los votos, y así obligar a Diputados a buscar una mayoría especial para insistir con el proyecto que recibió media sanción en junio de 2016.
El acuerdo se logró esta tarde durante la reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior. Ahí, los legisladores se comprometieron a firmar un dictamen unificado el martes 7 de agosto y votarlo en los días siguientes.
“A diferencia de la media sanción, este proyecto tiene una estructura que significa una reforma del Código Penal, un proceso y garantías que tiene que tener todo ciudadano”, explicó Miguel Pichetto, el autor del nuevo proyecto.
La ley permitirá que el Estado pueda recuperar bienes y fondos obtenidos a través de actos de corrupción o narcotráfico, antes de obtener una sentencia firme. Incluye inmuebles, vehículos, aeronaves y dinero provenientes de delitos federales graves, o que hayan sido utilizados para cometerlos.
Las diferencias entre ambos proyectos se resumen en tres ejes: el fuero (civil o penal) donde se debe tramitar la extinción de dominio, el momento de la causa penal en el que se puede iniciar el proceso, y si alcanza a bienes producto de delitos cometidos en el pasado.
El proyecto consensuado, según explicó el senador Rodolfo Urtubey, establece la extinción de dominio como una acción “con autonomía dentro del proceso penal”. En ese sentido, agregó que “cuando hay certeza de delito para juzgar, el Procurador del Tesoro será legitimado para iniciar la acción”.
Urtubey también señaló que “el proyecto anterior sacaba del fuero penal la acción y el fiscal, ante la mera sospecha, podía iniciar la extinción”, algo que no se condice con el sistema de garantías argentino.
En ese sentido, Pichetto sostuvo que “en la etapa de instrucción se inhiben y se congelan los bienes” para preservarlos hasta el momento en que haya condena o absolución.
De acuerdo al proyecto justicialista, la extinción de dominio se aplicará para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, narcotráfico, proxenetismo, corrupción de menores y secuestro, entre otros.
