Como se esperaba, la Cámara Alta dio luz verde al paquete de medidas que impulsó el Gobierno para afrontar la crisis. Fue el debut de Cristina Kirchner al frente del Senado.
El Senado sancionó hoy con una holgada mayoría del oficialismo la ley de emergencia económica que fija un nuevo impuesto sobre el dólar, restablece las retenciones agropecuarias y suspende por 180 días la movilidad jubilatoria, tras dos extensas jornadas de debate en ambas cámaras el Congreso.
La ley, oficialmente denominada «Solidaridad Social y Reactivación Productiva», fue aprobada en general y en particular con 43 votos a favor 23 en contra y una abstención (Clara Vega) luego de más de ocho horas de debate, en una sesión que fue, además, el debut de Cristina Kirchner en el rol de presidenta del Senado.
El Frente de Todos sumó a su ya abultada mayoría en la Cámara alta a algunos aliados como la neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann, que se diferenció en el tema retenciones, mientras que Juntos por el Cambio encabezó el rechazo.
La ley constituye el arranque del Gobierno de Alberto Fernández, que logró pasar su primer desafío parlamentario: el proyecto se aprobó el viernes a la mañana en la Cámara de Diputados tras 20 horas de debate y varios cambios, el Senado la recibió por la tarde y le dio sanción definitiva en la madrugada del sábado.
Durante el debate, el Frente de Todos justificó la declaración de emergencia económica y social con críticas a los resultados macroeconómicos de la gestión de Mauricio Macri y, particularmente, el nivel de endeudamiento y pobreza.
Los discursos de Juntos por el Cambio, en tanto, apuntaron principalmente contra la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, la suspensión de la ley de movilidad y las retenciones.
La ley declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delegan facultades al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.
En esa delegación, la principal es la habilitación al Ejecutivo para llevar adelante las gestiones para «recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina».
La norma establece un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios en el exterior; suspende por 180 días la movilidad jubilatoria; fija un nuevo esquema de retenciones y aumenta bienes personales.
También fija un plan de regularización de deudas para las pymes, autoriza al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad ENARGAS y ENRE, respectivamente.
