Si bien desde la central obrera aseguran que no habilitarán el diálogo para cancelar el paro general, desde el Gobierno ven esta medida como una «herramienta política»
El Gobierno apunta a suavizar la tensa relación con la CGT, por lo que este viernes firmó el decreto que desembolsa parte de la deuda con las obras sociales: uno de los cinco puntos que reclama la central obrera. Sin embargo, desde el sindicalismo ratificaron que a pesar de este gesto, no habilitarán un encuentro para mitigar el paro general de este 25 de junio.
Si bien fuentes gubernamentales aseguraron que la medida «no es para frenar el paro pero si para descomprimir», un dirigente que siguió las negociaciones desde el inicio consideró que la decisión «trae algunas soluciones a una inequidad que se daba en la distribución de fondos; pero de ninguna manera está saldado el tema». Por lo que, por ahora, no hay veta de salida para evitar la medida de fuerza.
El decreto 554/18 habilita (sin plazos ni detalles de la distribuición) el desembolso de $4.500 millones para las obras sociales sindicales. Según publicó Clarín, desde el Gobierno justificaron que no habrá un reparto automático para poder utilizar esta medida como «herramienta política» que se utilizará en base a la «mala o buena» relación con cada uno de los gremios.
Desde la CGT consideraron que esta modalidad es «mostrar que esa plata está pero no así que la reintegran» y lo compararon con la promesa de Mauricio Macri al asumir en 2016 cuando el presidente «avisó que reintegraría esos 30.000 millones de pesos», pero en ese momento se pagó sólo la mitad. Desde la Casa Rosada ven esta maniobra como herramienta para seguir sumando gremios al diálogo, con el objetivo en el año electoral.
Una segunda etapa que establece el decreto apunta a que durante 12 meses, disminuya un 50% el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que actualmente alcanza unos $ 1.000 millones mensuales y que representa el 40% de la recaudación de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y que se utiliza para financiar complementariamente a las obras sociales a través de la distribución automática en base a la cantidad de afiliados. El decreto apunta a que las prestadoras chicas se fusionen a esta modalidad por un posible futuro en el que sus finanzas se vean debilitadas.
Por último, un tercer tramo refiere a la actualización del aporte estatal a las prestaciones a jubilados afiliados a las obras sociales gremiales. El Gobierno pasará a desembolsar un monto de $ 862 mensuales ($200 más) para atenderlos y evitar su pase al PAMI.
Sin embargo, los sindicatos reclaman que el PAMI recibe $2000 por jubilado y que se giran a las obras sociales sólo $192 de esos $662 que aporta el Estado. Por lo que los integrantes de la CGT apuntan a que el traspaso de fondos para atender a esos 300.000 jubilados sea por el total; algo que el Gobierno, por ahora, no tiene en planes de acatar.
