Tras reunirse con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente dijo que están muy preocupados por el aumento de casos de coronavirus y que se seguirá adelante con el DNU establecido.
Luego de una reunión que duró cerca de dos horas entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no hubo marcha atrás a la medida de la suspensión de las clases presenciales hasta el 30 de abril.
El presidente dijo que la charla fue en buenos términos con el alcalde de CABA, pero justificó la decisión tomada: “Desde que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente”, dijo y en ese sentido sostuvo que a pesar de que todos quisiéramos volver a la normalidad, «tenemos que reducir drásticamente la circulación».
El mandatario dijo que le explicó a Larreta que «los datos científicos muestran que los contagios no se dan en los colegios, pero que detrás de la presencialidad se genera un movimiento social que hace que aumente la movilidad ciudadana».
«El riesgo de contagio crece. Desde el día en que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente», remarcó el presidente.
Y agregó: «En la Ciudad el mayor incremento de casos se dio en personas de entre 9 y 19 años. El crecimiento de la curva es exponencial».
También señaló que en el distrito se superó «largamente el pico» que se había registrado en 2020 y advirtió el aumento del número de muertes por coronavirus.
«Sólo reduciendo la circulación y el contacto humano podemos contener el número de contagios. Es evidente que tenemos un nivel de saturación de camas en la Ciudad realmente preocupante», destacó.
Diez minutos antes de entrar a Olivos para reunirse con Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para intentar garantizar las clases presenciales. La medida busca que el artículo 2 del DNU se declare inconstitucional para garantizar la actividad educativa presencial en todos los niveles.
El Gobierno porteño sostiene en su presentación que el decreto viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación.
