El tribunal deberá definir si hace lugar al pedido realizado en el marco de la causa por irregularidades en la obra pública.
El fiscal Diego Luciana solicitó que la actual senadora Cristina Kirchner y el resto de los acusados por irregularidades en la obra pública informen a la Justicia cuando se ausenten de sus casas por más de tres días «bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía y disponerse su detención».
La medida se debe a la salida del país de dos imputados en varias oportunidades y sin comunicarlo. El viernes fue realizada la solicitud ante el Tribunal Oral Federal 2 que tiene a su cargo el juicio contra la ex mandataria y los demás acusados.
«La gravedad de los hechos imputados -cuya eventual sentencia condenatoria no habrá de ser de ejecución condicional-, las características de ejecución de las maniobras, la proximidad de la audiencia de debate y los compromisos internacionales que ha asumido el Estado argentino de investigar y sancionar hechos de corrupción, tornan necesario en esta avanzada etapa del proceso adoptar mayores recaudos para asegurar que los imputados se encuentran a derecho y que posean un domicilio cierto en el que puedan ser notificados o habidos inmediatamente en caso de ser requeridos por el tribunal», indicó.
El tribunal deberá definir si hace lugar al pedido del fiscal, quien explicó: «Entiendo que la imposición de una obligación de esa índole no necesariamente debe encontrarse precedida por la existencia de alguna conducta concreta que evidencia intención de fuga o de entorpecimiento de la investigación, en la medida en que las circunstancias objetivas de la causa permitan inferir que esos riesgos podrían llegar a configurarse»
Es por ello que pidió al tribunal que intime a los acusados para que «en el supuesto de ausentarse por un lapso mayor a 72 horas del lugar de residencia que cada uno oportunamente ha denunciado en la causa, comuniquen con debida antelación esa circunstancia junto con los datos que permitan conocer el lugar de residencia temporal, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía y disponerse su detención».
Los delitos que se les imputan son asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. En el caso se juzgará la presunta concesión irregular de 52 contratos de obra pública en Santa Cruz, que benefició a las empresas de Lázaro Báez por un total de 46 mil millones de pesos.
