Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo, y Alejandro Rodríguez, jefe de Gabinete de La Matanza, se expresaron en contra de la medida anunciada por el Gobierno.
Según informó el subsecretario de Exploración y Producción del ministerio de Energía Marcos Pourteau a partir del 1 de diciembre comenzará a regir la suba en la tarifa del gas que irá del 40% hasta un 58%, de acuerdo a cada tipo de consumo. Y las críticas no tardaron en llegar.
El intendente de Esteban Echeverria, Fernando Gray, pidió hoy a funcionarios del Gobierno Nacional que “piensen más en la gente y menos en las empresas”, al participar de una nueva audiencia pública de gas, en el Teatro de La Ribera, CABA. «El distrito cuenta con 40 mil hogares con gas de red y 34 mil con gas envasado, lo que significa que de cada 10 hogares, 4 utilizan este suministro”. Y agregó: «no puede costar lo mismo el GNC que el combustible”. Además, resaltó la importancia de que los usuarios puedan acceder a la tarifa social sin trámites difíciles y engorrosos.
El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, apuntó: “Este Gobierno hace las cuentas al revés, baja las jubilaciones y sube las tarifas. Aumentaron todos los servicios públicos, pero todo sigue funcionando igual y mucho más caro” “El Gobierno no puede seguir tomando decisiones solo para favorecer a las grandes empresas y mejorar sus balances, golpeando el bolsillo de los trabajadores”, criticó y agregó que “cada familia tiene un solo bolsillo para pagar los aumentos de servicios, el transporte público y los remedios, y no tienen cuentas en el exterior”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino explicó: “Hay una realidad, y es que el incremento de las tarifas no es proporcional con el salario de la gente. Es un cuadro legal pero no legítimo”. Y contó que «en la Defensoría provincial hicieron más de 500 presentaciones individuales de bonaerenses que no pueden pagar la tarifa. No es proporcional el incremento de las tarifas con el salario de la gente”. A su vez, Lorenzino remarcó que “el 70% de las personas que deberían acceder a la tarifa social no la tiene, y la garrafa social no se consigue al valor que dice el Gobierno. La tarifa social en la Provincia hoy solo cubre al 20% de los que debería tener ese beneficio. El enunciado es bueno, pero no se conecta con lo que sucede en la realidad”.
También fue muy crítico el Jefe de Gabinete de La Matanza, Alejandro Rodríguez, quien fue a la audiencia en representación de Verónica Magario: “Nos oponemos a este aumento que es un nuevo tarifazo de más del 50% como promedio para los hogares y que será peor en el caso de comercios y pymes, porque en esos sectores el aumento va a llegar casi al 60%. El Gobierno está dispuesto a aplicar esos aumentos casi de inmediato, a partir del 1 de diciembre. Y deben comprender que los hogares de La Matanza no pueden asumir semejante aumento. No hay ninguna variable de la economía que justifique este aumento. Los salarios, las jubilaciones y los ingresos de las pequeñas industrias no han aumentado en semejante nivel, al contrario, han caído en términos reales”.
