La excandidata a diputada nacional, Sandra Pitta, había pedido que la medida sea declarara inconstitucional.
La Justicia avaló la legalidad del pase sanitario nacional que rige desde principio de año para eventos masivos que dispuso el presidente, Alberto Fernández.
De esta manera, el juez nacional de instrucción, Alfredo Godoy, rechazó el pedido de la excandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio e investigadora, Sandra Pitta, para que sea declarado inconstitucional el pase.
“La normativa cuestionada se ha dictado con la evidente intención de evitar la propagación de una enfermedad catalogada como pandemia, en miras de salvaguardar intereses superiores, por lo que el fin perseguido por la norma, en tanto el bien jurídico que se pretende proteger la salud pública es legítimo, los medios utilizados son razonables y prudentes”, sostuvo el juez en su resolución, según publicó Infobae.
El magistrado sostuvo que la fundamentación de la medida es “la preservación de la salud pública en forma razonable y proporcional”. “Estas no resultan arbitrarias ni desproporcionadas en tanto se han establecido en el marco de una pandemia a nivel global donde el pase sanitario, desde hace meses, en muchos países (como es de público conocimiento), empezaron a exigir a sus ciudadanos que estén vacunados contra la COVID-19 y que lo acrediten para poder realizar distintas actividades sin restricciones”, agregó.
Pitta presentó un habeas corpus colectivo al considerar que se trata de una medida que condición los derechos de movilidad de las personas ya que le exigen la vacunación, cuando no es obligatoria, para ingresar a eventos masivos.
El pase sanitario nacional es para los mayores de 13 años que deberán acreditar el esquema de vacunación para poder acceder a eventos masivos cerrados a al aire libre, como discotecas, salones de fiestas, o para realizar viajes grupales.
En su decisión, el gobierno explicó la situación sanitaria que vive el país, los resultados positivos que dio la vacuna por lo que en ese contexto “corresponde la implementación de medidas de cuidado, desde el nivel nacional, que permitan la realización más segura de actividades con mayor riesgo sanitario y epidemiológico en contexto de pandemia, requiriendo la acreditación del esquema completo de vacunación contra la COVID-19”.
