La sede de Cristina presentó datos como si fueran de la asociación civil, que en realidad pertenecían a Pauny, una empresa cordobesa de tractores.
La Inspección General de Justicia (IGJ) investiga al Instituto Patria, sede de Cristina Kirchner para actos y reuniones de su campaña. En las últimas horas intimaron a la asociación para saber quiénes son sus aportantes, mientras revelan otra denuncia en su registro de asociados.
Hay una sospechosa vinculación con la empresa cordobesa de tractores Pauny, ya que la Fundación presentó datos de registro a la IGJ que en realidad corresponden a esa compañía, informa el diario La Nación. Se trata de una compañía agrícola, de las más activas en la venta de esa maquinaria a Venezuela, luego de que Néstor Kirchner abriera el canal con Hugo Chávez.
Entre los balances que Oscar Parrilli (titular del Instituto Patria) entregó a la IGJ: indican que en ocho meses, la organización pasó de tener $ 1.000 de capital a recaudar nada menos que $ 2.376.232.
El búnker K cuenta con 354 socios, de los cuales hay 223 que son desconocidos. Las cuotas que pagan cada uno de ellos depende de su condición dentro del organismo: los socios fundadores aportan $ 2.000, los contribuyentes $ 1.000, los activos $ 500 y los adherentes, $ 300.