El libertario tuvo algunos éxitos con leyes aprobadas y algunos traspiés por los que tuvo que postergar sus proyectos.
El gobierno libertario desembarcó en el Casa Rosada con múltiples focos de conflicto abiertos y con una clara cancha inclinada con el Congreso de la Nación, a quien el presidente Javier Milei le dio la espalda en su discurso de asunción del pasado 10 de diciembre.
No obstante, el oficialismo siempre supo que, más allá de que el Poder Legislativo en su criterio representaba «la casta», sin él no podría enfrentar el aluvión de reformas que aspiraba plasmar en sus primeros meses gestión.
El viernes pasado, finalizó el período ordinario y, si bien no se oficializó, se espera que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias. La clave de esto pasa por el control de la agenda parlamentaria.
Con menos de un tercio de diputados y senadores, Milei logró mantener bajo su ala las discusiones del Congreso, con sobresaltos, sí, pero logrando triunfos considerables y casi ninguna derrota.
Triunfos: Ley Bases, Paquete Fiscal y Boleta Única
A pocos días de asumir, y tras el dictado del decreto 70/23, el Gobierno mandó al Congreso el proyecto de Ley Bases. Su versión original contaba con más de 600 artículos que tocaban casi todas las áreas del Estado nacional.
En Balcarce 50, envalentonados por la victoria en el balotaje del 19 de noviembre de 2023 y la gran legitimidad de origen que había cosechado Milei, aspiraban a que el Poder Legislativo le diera un tratamiento exprés.
A pesar de la intención, eso no sucedió. Las negociaciones fueron frágiles y malas y culminaron con el fracaso de principios de febrero, cuando el oficialismo se vio obligado a retirar el proyecto y hacer un nuevo intento en marzo.
La versión posterior fue más acotada y más -y mejor- discutida. Consiguió el consenso necesario y logró pasar saltear la Cámara de Diputados con ayuda transversal de los bloques, con excepción del kirchnerismo duro y la Izquierda. Hasta peronistas federales lo apoyaron.
Esa nuevo proyecto estaba dividido en dos partes: por un lado, la Ley Bases y Puntos de Partida y, por otro, el Paquete de Medidas Paliativas y Relevantes. Antes, en el primer texto, estaba todo mezclado.
Ambas iniciativas, que tenían casi la mitad de los artículos de la ley madre, no fue menos polémica en su tratamiento y menos ambiciosa. Por lo que también demoró su discusión en el Senado y fue modificada. En total, fueron casi siete meses hasta cristalizarse en los hechos.
Entre los puntos más importantes que logró el oficialismo fueron: facultades delegadas; el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI); privatizaciones; reforma laboral; blanqueo de capitales; impuesto a las Ganancias, etc.
Otra victoria que sin dudas afecta a la praxis política es la BUP. Si bien se trataba de un proyecto que venía impulsado por Juntos por el Cambio, fue la primera iniciativa que la vicepresidenta Victoria Villarruel quiso promover con celeridad en su desembarco en el Senado.
Sin embargo, por la Ley Bases y discrepancias en algunos puntos del sistema de votación se empantanó hasta mediados de este año, cuando había tenido dictamen en comisión en enero pasado.
Con la aprobación de la BUP, la Argentina dejará -en el ámbito nacional- atrás desde el 2025, cuando se celebren las elecciones legislativas, la boleta de papel sábana luego de décadas de votar con ese antigua modalidad.
Resistencia: DNU 70/23 y 846/24, jubilaciones y universidades
Resistencia con sabor a victoria debe sentir el oficialismo con los decretos de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el 846/24. El primero, lo dictó antes de enviar la Ley Bases original al Congreso y se proponía desregular la economía.
El segundo, más de nicho, fue dictado para modificar la ley de Administración Financiera para que le ministro de Economía, Luis Caputo, pueda evitar pasar por el Congreso de la Nación y que éste le autorice el canje de la deuda externa.
El 70/23 fue rechazado por el Senado en marzo pasado, pero logró que quedara cajoneado en la Cámara de Diputados. Mientras que los detractores del 846 ni siquiera obtuvieron el quorum para poder voltearlo.
Por otro lado, el oficialismo logró sostener los vetos a la ley de financiamiento universitario, que actualizaba los presupuestos y sueldos, y a la ley que incrementaba las jubilaciones y modificaba su fórmula. En ambas, tuvo apoyo del PRO y de un grupo de radicales.
Derrota: el DNU de la SIDE
La única derrota que tuvo el oficialismo de gran magnitud fue cuando su aliado principal, el PRO que lidera Mauricio Macri, le volteó el DNU de que le otorgaba fondos multimillonarios a la SIDE. Lo propio hizo el Senado. Esa fue una de las peores semanas del Gobierno en el Congreso.
Lo que viene: PASO, reforma política, Aerolíneas y Ley de Hojarasca
A mediados de esta semana, y tras revalidar a Martín Menem en la Presidencia de la Cámara de Diputados, el Gobierno anunció el llamado a extraordinarias. El temario incluye seis puntos: reforma electoral; reforma política; juicio en ausencia; ley anti mafia; viajes del presidente; fueros de la política.
La Casa Rosada no incluyó el presupuesto 2025, luego de que haya sido presentado con bombos y platillos por el presidente Javier Milei el pasado 15 de septiembre. De esta manera, se encamina a prorrogar por segunda vez -y primera en la historia- el presupuesto 2023.
La discusión por la previsión de los gastos del Poder Ejecutivo tuvo en vilo al Congreso de la Nación durante el último trimestre de este año. Es el único tema con que el oficialismo puede seducir a la oposición para hacer funcionar el Poder Legislativo fuera del período ordinario.
Por lo tanto, fuera el presupuesto 2025 del temario oficial, la mayoría de estas iniciativas planteadas por el gobierno de Milei podrían patearse para el 2025 a las que se le plegarían algunas más.
En el horizonte aparece la privatización de Aerolíneas Argentinas, luego de semanas de conflicto con los gremialistas que operan en el aerolínea de bandera. Probablemente, no sea durante el período extraordinario, sino más bien ya en marzo.
La Ley Hojarasca es otra aspiración oficial. La envió en octubre y busca eliminar leyes obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos y fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX.
